A fines del año 2020 el Presidente Piñera firmó el decreto que puso en marcha la Ley de Transformación Digital del Estado, iniciativa que busca modernizar los procedimientos dependientes de la Administración Pública; siendo sus pilares el fin de las filas y el papeleo, y la creación de una identidad digital para cada ciudadano.
Aunque es una reforma ansiada, por su valor público, requiere de una profunda reflexión antes de ser implementada. Se debe analizar el nivel de madurez de las instituciones; determinando procesos, trámites y servicios a modernizar; y también identificar audiencias, definir estándares e, idealmente, apoyarse en proyectos similares.
En su implementación hay aspectos que pueden ser fundamentales. La interoperabilidad público-privada, es decir, la capacidad de que los sistemas se conecten e interactúen; y contar con asesoría experta en transformación digital, podrían determinar el éxito o fracaso en cada organismo.
Si bien el objetivo es modernizar los procesos y documentos, el foco de la transformación digital debe estar en el ciudadano, siendo esta ley una gran oportunidad para mejorar servicios hasta hoy deficientes. Su implementación beneficiará a muchos, no obstante, sin el trabajo conjunto de las instituciones no lograremos poner fin a la burocracia en lo público.
Felipe Mancini R.T
CEO Asimov Consultores SpA